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En nuestro país, como seguramente en gran parte de Hispanoamérica, vemos con displicencia el devenir de diversos actos de corrupción e ineptitud gubernativa, generalizada con distintos matices. Este fenómeno que muestra nuestra actitud hacia el poder propia de un rebaño de ovejas hacia su pastor, nos hace reflexionar sobre la actitud liberal que enfrenta, sin el fanatismo marxista, de manera democrática, el cuoteo político de los cargos gubernamentales, la expansión del Estado que nace de la ambición familiar de los primeros y la intervención autoritaria que exigen los segundos, todo solapado de una investidura igualitaria, comprometida con la sociedad, en fin, hipócrita.

Si uno recorre algo así como una tradición liberal, claramente no se encuentra un hilo conductor único y el término “liberal” no responde a un único significado, tal como, hoy día, implica tanto como libertinaje, economicismo o libertario, el último término en un alcance que, por cierto, en Chile está poco difundido. Por lo mismo, un planteo liberal, que no se quiere quedar sólo en el (por fin) consenso sobre las garantías mínimas de derechos y obligaciones que implican la condición de persona, debe señalar alguna pauta que obedezca a una actitud política que encarne dicha posición.

A modo de inicio, sin profundizar y con un claro dejo en el interés por volver sobre este y otros puntos más adelante, tanto desde la contingencia más corriente (como todas las cosas de orden político) hasta el intento de profundizar en el asunto, quiero señalar que la actitud liberal se define en diversos niveles de análisis.

Uno de ellos es una sospecha radical, llamémosla ontológica, por el ejercicio del poder de una institución por parte de un individuo. Decimos ontológica, en cuanto el ente en cuestión, el individuo humano, le va eso de disponer, de tener poder y, de allí, que, sospechar de su ejercicio institucional, obedece a tener como dato propio de este ente que es falible. Esto se constata además en la finitud gnoseológica que pone al humano en una situación privada del conocimiento cabal de sus propios fines; nos los representamos mejor o peor, y reconocemos con gran dificultad aquello que verdaderamente nos conviene, estando permanentemente expuestos al error moral, en cualquiera de sus acepciones. Por lo mismo, no sólo hay que desconfiar del ejercicio del poder, sino de la capacidad de diseñar las instituciones que nos gobiernan. Esto redunda en que las leyes no tienen que estar dirigidas a sus usuarios sino a los que detentan cargos y, por ende, nos deben proteger de los abusos a los cuales estamos expuestos como gobernados. En este punto quiero identificar una falacia en ciertos argumentos que sostienen autoridades cuando se las cuestiona por la evidente (para el sentido común) malversación de bienes públicos (y no sólo pecuniarios). Me refiero cuando se aboga, bajo dicho cuestionamiento, al principio jurídico de presunción de inocencia; a mi juicio la falacia consiste en que si bien es materia jurídica delitos asociados a los actos de corrupción, el cuestionamiento es más bien político, y lo que se tiene que cuestionar antes que nada, no es a sutano o merengano como posibles delincuentes, sino a un sistema discrecional de asignación que se protege y promueve, y que se esconde en la propaganda estatal de bienes públicos. No importa si el Transantiago mejore o no, el punto es que ¿puede un grupo de hombres instruidos predecir, sin información dura, la frecuencia, demanda y oferta de movilización en una determinada ciudad, mejor que el statu quo que efectivamente opera? Un liberal diría a priori no, lo que luego la experiencia se encargaría una vez más de demostrar.